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En Perú, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ANTAIP) es el órgano del Estado encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública. Su función principal es supervisar el cumplimiento de la Ley N.º 27806 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública), emitir opiniones consultivas, sancionar incumplimientos y promover la transparencia activa, la protección de datos personales y la participación ciudadana.
En el marco de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), Perú, a través de la ANTAIP, desempeña un rol normativo y de supervisión. Desde este espacio, el país establece lineamientos y criterios para que las entidades públicas cumplan con los estándares de transparencia y publica informes periódicos sobre su nivel de cumplimiento. De esta manera, Perú fortalece sus portales de transparencia y asegura que la información sea entregada de forma oportuna y completa.
Asimismo, Perú, mediante la ANTAIP, impulsa la transparencia activa, es decir, la publicación proactiva de información en plataformas oficiales sin necesidad de solicitudes previas. La institución supervisa los portales de las entidades del Estado, mide los porcentajes de cumplimiento y emite recomendaciones para cerrar brechas. Esta labor diagnóstica permite al país generar propuestas de mejora institucional y legal.
Otro de los aportes de Perú dentro de la RTA es la capacitación y difusión. A través de la ANTAIP, se organizan campañas, conferencias y talleres dirigidos tanto a funcionarios públicos como a la ciudadanía. Con estas actividades, el país busca consolidar una cultura de transparencia y acceso a la información, alineada con las buenas prácticas compartidas en la red.
Finalmente, en Perú, la ANTAIP cuenta con el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que actúa como instancia administrativa de apelación cuando una entidad pública no entrega la información solicitada. Las resoluciones de este tribunal son obligatorias, convirtiendo a Perú en un actor clave dentro de la RTA para garantizar el derecho de acceso a la información pública en la región.
