Buenos Aires, Argentina. – El XXXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) continuó con el panel “Derecho de acceso a la información y protección de datos personales en tiempos de IA: ¿cómo compatibilizar innovación y derechos?”, en el que representantes de tres países analizaron los desafíos jurídicos e institucionales de incorporar inteligencia artificial en la gestión pública.

El espacio contó con la participación de Beatriz de Anchorena, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública de Argentina; Sheyla Castillo de Arias, directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información de Panamá; y Mariel Lorenzo, presidenta de la Unidad de Acceso a la Información Pública de Uruguay, bajo la moderación de Mariana Kamian, subsecretaria de Asuntos Jurídicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su intervención, Sheyla Castillo de Arias destacó que el acceso a la información pública y la protección de datos personales son derechos complementarios. Subrayó la importancia de realizar evaluaciones de impacto antes de implementar sistemas de inteligencia artificial, proteger los datos desde el diseño y garantizar que las decisiones públicas mantengan responsables claramente identificables.

Por su parte, Beatriz de Anchorena abordó la importancia de la cooperación internacional frente a los desafíos transfronterizos de la protección de datos personales, destacando que una regulación adecuada puede fortalecer la seguridad jurídica, la confianza y las condiciones para la innovación y la inversión.

Mariel Lorenzo advirtió sobre las brechas existentes tanto entre las personas que ejercen el derecho de acceso a la información como entre las instituciones con distintas capacidades tecnológicas. Señaló que la inteligencia artificial debe contribuir a reducir esas desigualdades y no a profundizarlas.

Asimismo, destacó que los principios constitucionales, las normas de acceso a la información y los instrumentos internacionales de derechos humanos ofrecen fundamentos para orientar el uso responsable de estas tecnologías, reafirmando la importancia de la transparencia, la privacidad y la supervisión humana.

En el cierre, Mariana Kamian resaltó la necesidad de aprovechar los marcos jurídicos existentes y garantizar que la protección de los derechos ciudadanos esté presente desde la planificación de las soluciones tecnológicas.

El panel reafirmó que la innovación pública debe avanzar acompañada de garantías institucionales, protección de datos personales, transparencia y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

A través de estos espacios, la RTA fortalece la cooperación regional y el intercambio de experiencias orientadas a garantizar que la transformación digital contribuya al ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.