Buenos Aires, Argentina. – El XXXI Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) desarrolló el panel “Ética, sesgos y equidad en el uso de la IA para el acceso a la información: una agenda pendiente”, un espacio de intercambio sobre los mecanismos necesarios para garantizar que la innovación tecnológica respete los derechos fundamentales y fortalezca la transparencia de las instituciones públicas.
La sesión reunió a Marilina Borneo, directora general de Inteligencia Artificial de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; Sara Elizabeth Estrada Zavala, diputada y presidenta de la Comisión de Ética y Transparencia del Congreso Nacional de Honduras; y José Ángel Dávila Córdova, director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Perú.
Durante su exposición, Marilina Borneo abordó la necesidad de evaluar los riesgos específicos de las soluciones de inteligencia artificial, establecer estándares técnicos y éticos, desarrollar pruebas con usuarios y casos reales, y garantizar el monitoreo continuo después de su implementación.
Asimismo, advirtió sobre los riesgos de una dependencia excesiva de las respuestas automatizadas, destacando la importancia de la formación permanente de los equipos públicos para mantener una supervisión humana efectiva.
Desde la perspectiva legislativa, Sara Elizabeth Estrada Zavala sostuvo que los parlamentos deben actuar como garantes éticos y democráticos frente a la transformación tecnológica, promoviendo reglas que protejan los derechos sin frenar la innovación.
La diputada compartió experiencias de Honduras relacionadas con plataformas de transparencia legislativa, códigos de ética y mecanismos de cooperación con el Instituto de Acceso a la Información Pública, orientados a fortalecer la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana.
De su lado, José Ángel Dávila Córdova expuso la experiencia peruana de articulación entre instituciones responsables de transparencia, protección de datos personales, transformación digital e integridad pública, así como los desafíos de aplicar conjuntamente los marcos legales existentes y la normativa sobre inteligencia artificial.
Durante el intercambio se destacaron cuatro condiciones fundamentales para el uso responsable de estas tecnologías: trazabilidad de la información y los resultados, evaluación y gestión de riesgos, supervisión humana permanente y protección efectiva de los derechos fundamentales.
